Curso Superior en Contratación Pública 2017 / 2018

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Objetivo

Curso Superior en Contratación Pública

La Diputación de Málaga, a través del ISEL, inicia la segunda edición del Curso Superior en Contratación Pública. La constante preocupación del ISEL por el estudio y desarrollo de temas que se vinculan como cuestiones propias de la gestión económica de la Administración y, en especial, en los diferentes aspectos que se relacionan con la contratación pública en cuanto constituye el principal medio de ejecución del presupuesto, llevó en 1996, recién promulgada la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, a realizar diversos seminarios y publicaciones que trataron de llevar a las personas vinculadas por esta relación de trabajo, el estudio, la opinión, el debate y la reflexión sobre aquellos temas de mayor interés. El notable éxito de aquellas primeras acciones formativas queda reflejado en los intensos programas que se han sucedido año tras año desde entonces.

Las modificaciones introducidas en la normativa de contratación pública en los últimos años han sido especialmente prolijas. La aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público encontró defensores, pero también muchos detractores. La imprecisión, la falta de claridad y dificultades interpretativas propugnaron posteriormente su modificación a través de Reales Decretos Ley. Incluso tras la aprobación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 19 de noviembre, han sido varias las ocasiones que el texto normativo ha sido modificado. La más reciente, la operada por la Disposición final novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) en materia de prohibiciones para contratar, modificaciones en el régimen jurídico de los contratos de concesión de obra pública y la creación de la Oficina Nacional de Evaluación, cuya entrada en vigor se produjo a los seis meses de la publicación de la citada norma en el BOE.

Mediante la Ley 30/2007 se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Estas directivas fueron derogadas por las nuevas Directivas aprobadas en febrero de 2014: Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, actualmente en vigor.

Estas Directivas constituyen la cuarta generación de las normas comunitarias reguladoras de los contratos públicos y han de enmarcarse dentro de la “Estrategia Europea 2020”, ámbito en el que la contratación pública desempeña un papel clave. En ese documento se configura la contratación pública como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Tras la realidad de la crisis económica, en 2009, se reparó que la posición privilegiada de Europa era clave para aprovechar las oportunidades de crecimiento futuras. Con empresas de vanguardia en innovación, conocimiento y tecnologías clave, con la sanidad, la alimentación, las energías renovables, las tecnologías del medio ambiente y el transporte.

La contratación pública se consideró como un instrumento idóneo para implementar las políticas en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se trata de provocar un cambio de cultura que habilite una gestión diseñada desde la estrategia y no desde la burocracia. En definitiva, que aparezca como una respuesta a los nuevos desafíos.

Las Directivas establecían como plazo máximo para su transposición el 18 de abril de 2016. Este plazo ya ha sido superado, por lo que en la actualidad el Estado español incumple el mandado del legislador comunitario. Esta ausencia de transposición ha provocado de inmediato la reflexión de cuáles de las previsiones contenidas en las Directivas debe considerarse que tienen efecto directo y que, por tanto, desplazan a nuestro derecho interno vigente y deben aplicarse cuando sean incompatibles. En este sentido, las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y los propios tribunales administrativos en materia de contratación ofrecen ya un análisis e indicaciones concretas sobre el alcance del efecto directo, aunque la primera ya ha manifestado que no tienen ánimo de exhaustividad.

La demora en la conformación de un nuevo gobierno ha supuesto la imposibilidad de que el Gobierno en funciones pudiera aprobar y remitir a las Cortes General de un proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

En la actualidad, el borrador de anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que ya ha sido dictaminado por el Consejo de Estado, recoge las novedades que las nuevas Directivas establecen para incorporar esas políticas a través del ámbito de la contratación pública (por ejemplo, facilitar la participación de las PYMES en las licitaciones, introducir condiciones especiales de ejecución y obligaciones de ejecución de los contratos respetando normas en materia medioambiental, social o laboral, obtener una mejor relación calidad-precio o la introducción de criterios como el coste del ciclo de vida como elemento cuantitativo en la valoración de las ofertas).

Entre los cambios que se introducen deben destacarse, desde el punto de vista de los procedimientos de adjudicación, la introducción del nuevo procedimiento de asociación para la innovación, la apertura del procedimiento negociado a contratos complejos, la simplificación de la tramitación mediante el nuevo procedimiento ordinario abreviado o la obligatoriedad de que las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se hagan por medios electrónicos o telemáticos. Pero son muchas más las novedades. Por citar alguna de ellas, se positiviza la doctrina “in house” acuñada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con ella, la de la colaboración horizontal entre poderes públicos para la realización en común de tareas de servicio público y se introducen cambios en la conceptuación de la contratación como la prohibición de cesión de los créditos futuros–que implicará, de aprobarse, una dificultad seria a la financiación privada en las inversiones públicas–o en las formas de gestión indirecta de los contratos de gestión de servicios públicos. Y no menos importante el cambio radical en la filosofía de la revisión de precios, ya materializado en el texto actualmente vigente, derivado de la Ley de Desindexación.

Finalmente, como cuestión que merece un debate y reflexión específica, la de la suficiencia e idoneidad de los mecanismos introducidos en el texto para luchar contra las prácticas corruptas en el ámbito de la adjudicación y ejecución de los contratos públicos.

En definitiva, la nueva regulación de la contratación pública ofrece un alto interés para todo el sector público y para el sector empresarial y supone una oportunidad. Es objetivo del ISEL, mediante el desarrollo del Curso Superior de Contratación Pública, plantear un contraste de opiniones que giren sobre las problemáticas propias de las entidades locales, para cuyo desarrollo intervendrán destacados especialistas que ofrecerán una visión especializada de las distintas áreas. El análisis de la práctica administrativa estará dirigido a ofrecer los criterios interpretativos más recientes de los órganos consultivos en materia de contratación, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo y jurisprudencia menor de nuestros Tribunales y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de las cuestiones litigiosas desde la perspectiva de un gabinete jurídico y, por último, desde la opinión del sector empresarial más representativo.

El curso consta de 200 horas lectivas de las cuales 150 horas son presenciales. Dirigido a funcionarios, directivos de la Administración Pública y profesionales interesados en la materia.

Dirección Honorífica del programa

D. Alfonso Ruiz de Castañeda de la Llave. Experto en cuestiones de Contratación Pública y de Derecho Comunitario de la Contratación Pública.

Dirección Académica del programa

María Jesús Madrigal Esteban. Experta en contratación pública. Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad.

D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga.

Dirección Técnica

D. Antonio Suárez Chamorro. Director del ISEL. Diputación de Málaga.

Coordinación

Antonia Ramírez González. Jefa del Servicio de Fiscalización. Diputación de Málaga.

Profesorado

Temario

Dirigido a

Cargos electos, directivos y funcionarios de niveles A, al servicio de las Entidades que integran la Administración Pública y profesionales interesados en esta materia (abogados, economistas, auditores, titulares mercantiles).

Participantes

El número de alumnos/as tutelados/as del programa, tanto en asistencia, como en elaboración de trabajos e investigación será de un mínimo de 38 personas.

Fechas del curso

Se desarrollará durante los años 2017 y 2018 en su apartado presencial. En horarios de mañana (9:00 h / 15:00 h), dichos horarios y días podrán estar sujetos a modificación; el día previsto de la semana será el miércoles, con un máximo de tres días al mes.

Fecha prevista de inicio: 25 marzo de 2017.

Sistema de evaluación y duración

El curso se desarrollará durante los años 2017 y 2018 teniendo tres apartados de interés:

Presencial: La parte primera del curso tendrá una duración de 150 horas. Los alumnos o alumnas habrán de asistir con regularidad al mismo. Una inasistencia superior al 10%, en el cómputo total de horas lectivas programadas, imposibilitará la expedición del certificado acreditativo de asistencia y dará lugar a la baja del curso, con la pérdida de todos los derechos.

Participación en la plataforma ISEL, mediante los foros de diálogos entre el profesorado y alumnado.

Trabajo de Investigación: Con una valoración de 50 horas horas y con un plazo de finalización de fecha junio 2018.

Lugar de realización

Diputación de Málaga y/o UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia y/o IEP (Puerto de Málaga), entre otros.

Derecho de inscripción

Los solicitantes del curso deberán abonar antes del inicio del curso, la cantidad de 1.803,03 €. (Tendrán una bonificación del 50% a los cargos electos, funcionarios y personal laboral pertenecientes a los Ayuntamientos de la provincia de Málaga con menos de 20.000 habitantes (901,52 euros).

Este precio incluye la asistencia a las clases, material en formato papel y/o CD y/o digital y/o web/plataforma. Inscripción a la plataforma ARANZADI* – contratación – durante la duración del curso (CSCP2017/2018).*

* en proceso de confirmación

Financiación por UNICAJA

El alumno/a que necesite financiación para el pago de la matrícula podrá dirigirse a la oficina de Unicaja, situada en Molina Larios, 12. 29015 Málaga. Telf. 952 22 42 60, preguntando por Dª Eva García Penit.

Homologación

Se pretende la homologación por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)*
* en proceso de confirmación

Con la colaboración de

Facultad de  Económicas y Ciencias Empresariales de Málaga; Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Málaga; Colegio de Economistas de Málaga; Colegio de Abogados de Málaga; Colegio Oficial de Titulares Mercantiles; Fundación Andaluza de Estudios Financieros y Tributarios; Aranzadi; Unicaja.

Pre-inscripción antes del 03-02-2017

Pre-inscripción

Quienes deseen participar, deberán cumplimentar la solicitud de pre-inscripción, incluyendo un currículum personal con fotografía tipo carnet o similar, en el que consten de manera resumida los datos académicos y profesionales que considere de interés:

Formulario de pre-inscripción

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