Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Nueva Ley de Contratos del Sector Público

Málaga, 23 y 24 de enero de 2018

La nueva Reforma de la Contratación Pública: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Inscripción conferencias

Presentación.

La contratación pública es una materia que siempre está en proceso de revisión y modernización. La necesidad de su reforma continua en las últimas décadas deriva en buena medida del legislador comunitario y de la cada vez más amplia regulación del derecho de la contratación pública y de su homogenización en todos los Estados miembros.

El ámbito de regulación de las Directivas comunitarias en materia de contratación pública ha ido paulatinamente ampliándose de la fase de preparación y adjudicación de los contratos públicos, hasta incluir una armonización que abarca también un aspecto que afecta a la fase de ejecución de los contratos: la modificación de los contratos públicos. Sin perjuicio de las críticas que esta inclusión ha generado desde el punto de vista dogmático, lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llamado reiteradamente la atención sobre esta cuestión, considerando que se trata de una vía.

El 18 de abril de 2016 finalizó el plazo de transposición de las nuevas Directivas en materia de contratación pública (Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, de 14 de febrero del Parlamento y el Consejo, pero su incorporación al derecho interno ha sufrido un importante retraso como consecuencia de la prolongación del Gobierno en funciones. Sin embargo, una vez que en noviembre se constituyó un Gobierno en plenas funciones, uno de los primeros proyectos de ley que se remitieron a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación ha sido, precisamente, el nuevo proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, junto con el proyecto que regula los sectores especiales (el agua, la energía, los transportes y los servicios postales).

La cuarta generación de Directivas en materia de contratación tiene una marcada voluntad de que, el casi 19% del PIB de la Unión Europea que representa la contratación pública, sea un vehículo para incorporar en esta materia las recomendaciones recogidas en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 “Europa 2020, una estrategia para un crecimiento sostenible, inteligente e integrador”.

El ISEL celebró el pasado año dos ciclos de jornadas para dar a conocer a los usuarios, aplicadores y conocedores de la normativa de contratación qué aspectos de las Directivas podían aplicarse en virtud del denominado efecto directo. Se avanzaron entonces buena parte de aquellos aspectos que los expertos entendían de aplicación directa una vez transcurrido el plazo de transposición. También en el último trimestre se celebró un seminario en el que se abordaron las principales novedades que presentaba el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes Generales.

El número de enmiendas que el texto del Gobierno ha recibido en las Cortes Generales ciertamente ha sido muy elevado. Sin embargo, aunque el texto ha sufrido algunas modificaciones relevantes en su tramitación parlamentaria, la estructura y configuración general del texto ha sufrido alteraciones menores.

El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.

Los objetivos fundamentales de la reforma, en palabras del Preámbulo de la nueva Ley, son dos: lograr una mayor transparencia en la contratación y conseguir una mejor relación calidad-precio. Estos objetivos son, sin embargo, son ciertamente ambiciosos a la par que imprescindibles para conseguir un sistema de contratación pública moderno, ágil, abierto al mercado y con la finalidad de que las entidades contratantes obtengan los mejores productos o servicios que ofrece el mercado a un precio competitivo. La transparencia es sin duda el gran caballo de batalla en el que el legislador comunitario centra buena parte de sus desvelos a la hora de legislar. La consecuencia inmediata de ello, en nuestra nueva regulación, es la desaparición del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. El segundo objetivo pretende alcanzarse estableciendo por primera vez pretendido velar porque los órganos de contratación realicen un diseño de los criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. Este será, sin duda, un importante reto, que previsiblemente reduzca la utilización generalizada del criterio único del precio, que, sin embargo, no garantiza necesariamente la obtención de obras, suministros o servicios de calidad. De ahí la importancia crucial de la idónea configuración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para cada contrato y para dar respuesta a las necesidades de la Administración.

Son muchas las novedades que la nueva Ley de Contratos del Sector Público introduce. Sólo por citar algunas de ellas, la adaptación del ámbito subjetivo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y la inclusión de los partidos políticos y sus fundaciones para determinados contratos, la introducción de un nuevo procedimiento abierto simplificado (que pretende sustituir al procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía) o el procedimiento de asociación para la innovación, reformas de calado en el régimen de revisión de las decisiones en materia de contratación (se amplía notablemente el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, se retorna a la doctrina de los actos separables), la supresión del contrato de gestión de servicios públicos y su sustitución por la concesión de servicios o, en su caso, por el contrato de servicios, atendiendo a si existe o no transmisión del riesgo operacional al contratista, la sociedad de economía mixta como forma de gestión indirecta de los servicios públicos locales (contratación institucionalizada) o el nuevo régimen jurídico aplicable a los poderes adjudicadores no Administración Pública, son ejemplos de las modificaciones que los distintos intervinientes en el ámbito de la contratación pública (públicos y privados) precisan conocer.

Para ello, el ISEL cuenta con expertos reputados en la materia que en estas jornadas van a ofrecer a los asistentes la oportunidad de acercarse y profundizar en la nueva reforma de la ley de contratos del sector público.

Profesorado

D. Miguel Pardo González: Abogado del Estado – Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública
D. Emilio Viciana Duro: Subdirector General Adjunto – Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Dª. Belén Plaza Cruz: Abogada del Estado-Jefe en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. ExSecretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
D. Venancio Gutiérrez Colomina: Secretario General del Ayuntamiento de Málaga.
D. José María Gimeno Feliú: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
D. Jesús Colás Tenas: Secretario General de la Excma. Diputación de Zaragoza

Dirección

D. Antonio Suárez Chamorro: Director de ISEL. Diputación de Málaga
Lucía Sánchez Ortega: Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación de Málaga.

Coordinación de la jornada

María Jesús Madrigal Esteban: Experta en contratación pública. Gabinete del Subsecretario de Economía, Industria y Competitividad. Abogada del Estado habilitada ante la Audiencia Nacional

Horario de mañana y tarde.

Lugar: Sala Isabel Oyarzábal de la Diputación de Málaga, Plaza de la Marina, 4*
*en proceso de confirmación

Destinatarios: Cargos electos, grupos A de la administración pública y profesionales interesados en la materia.

Reserva de plazas: Plazas limitadas hasta completar aforo. Imprescindible inscripción.

Inscripción conferencias

Documentación: La documentación será incorporada en la Plataforma de Formación ISEL.

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En colaboración con: Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de Málaga. Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Málaga. Gestrisam-Ayuntamiento de Málaga. Colegio de Abogados de Málaga. Colegio de Economistas de Málaga. Colegio Oficial de Titulares Mercantiles. Fundación Andaluza de Estudios Financieros y Tributarios. Unicaja Banco.